A Ortega se le acusa por su presunta participación en delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación, según un comunicado de prensa de la máxima corte venezolana.

El TSJ señala además que venezuela asume ante Colombia «el firme compromiso» de que Ortega «no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años».

Añade que será juzgada con «las debidas garantías» como el derecho al debido proceso, a la no discriminación, prohibición de la desaparición forzada, derecho a la integridad física, psíquica y moral; y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También se asegura a Colombia que Ortega será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa.

Garantiza igualmente el TSJ para Ortega el derecho a la vida, a la salud y la garantía de todos los derechos civiles y sociales.

Zair Mundaray también será extraditado

EL TSJ también solicitó la extradición de Zair Mundaray, quien ocupó el cargo de director general de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Ortega y operaba como asistente de la exfiscal.

A Mundaray se le acusa de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y delitos de promoción o incitación al odio.

Al igual que con el caso de Ortega se asumen los mismos compromisos y aclara que Mundaray no podrá ser juzgado por otros hechos «distintos a los señalados» en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud.

En marzo de este año la justicia venezolana solicitó una orden de captura internacional contra Ortega, destituida en agosto pasado por decisión de la ANC, luego de sus críticas al chavismo.

El Ejecutivo acusa a Ortega de planear, junto a la oposición venezolana y a gobiernos extranjeros, un golpe de Estado contra el presidente, Nicolás Maduro.

Entre las denuncias que ha efectuado ya fuera de Venezuela, Ortega ha relacionado al presidente Maduro y al «número dos» del chavismo, Diosdado Cabello, de vínculos corruptos con la empresa brasileña Odebrecht.

El alto tribunal que tomó esta decisión funciona desde Caracas luego de que fuera nombrado por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional pasara a manos de la oposición en enero de 2016.

Sin embargo, una vez asumidos sus cargos, los legisladores del actual Parlamento venezolano designaron el 13 de octubre de 2017 a otro grupo de magistrados que configuraron el denominado Tribunal Supremo de Justicia «en el exilio» y que opera desde otros países de América.