La denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) que países como Colombia, Chile y Argentina preparan puede provocar que el Gobierno nacional presente ante el mismo tribunal una contrademanda por supuestos crímenes cometidos en los Estados demandantes
De acuerdo a una información diplomática Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú se encuentran coordinándose para entregar la denuncia, la cual tendría como base un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se recogen supuestos episodios de represión contra la oposición venezolana desde la elección de Nicolás Maduro a la presidencia, en 2013.
Esta es una acción inédita en los dieciséis años de la historia de la CPI, la cual activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal que permite a los Estados parte denunciar conjuntamente crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros países.
Por iniciativa propia la fiscalía de la Corte ya se encuentra abriendo un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal. Por esta razón, las embajadas en La Haya de tres de los países que preparan la denuncia conjunta «no ven claro el impacto» que esta tendría en el procedimiento judicial, explicó la fuente consultada.
Varios países pueden verse afectados
De salir adelante esa denuncia común, Caracas tiene la posibilidad de «actuar en represalia» y recurrir al mismo artículo 14 del Estatuto de Roma para remitir ante la CPI supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en países demandantes, añadió la fuente.
En el caso de Colombia, Venezuela puede referirse al conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC, ya que la propia Fiscalía del tribunal internacional abrió un examen preliminar por este asunto en 2004. Sin embargo, otro país que podría verse afectado es Chile, advirtió la fuente, pues el Comité contra la Tortura de la ONU ha llamado la atención a sus autoridades por episodios de violencia contra miembros del pueblo mapuche.
Y es que se conoció que en un informe de agosto de 2018, este comité manifestó su preocupación por «informaciones coincidentes en las que se denuncian abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades y actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles».
Las embajadas en La Haya que no ven con buenos ojos la demanda colectiva prefieren esperar a la publicación de un informe, que se espera para dentro de unos tres meses, en el que se darán detalles sobre los exámenes preliminares abiertos por la Fiscalía, entre ellos el de Venezuela.
En cualquier caso, ni la denuncia conjunta ni la posible réplica de Caracas abriría automáticamente una investigación plena por parte de la CPI. Ese paso depende de la Fiscalía del tribunal internacional, al frente de la cual está la jurista Fatou Bensouda y que actúa de manera independiente.
Lo único que cambiaría la activación del artículo 14 es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo directamente sin pedir autorización a una Sala de Cuestiones Preliminares. En caso de que no existieran denuncias directas de los Estados parte, la Fiscalía estaría obligada a solicitar antes un permiso a los jueces.
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