Ecuador se encuentra examinando la posibilidad de flexibilizar la solicitud de documentos que deben presentar los inmigrantes venezolanos que ingresan a dicho país, sin embargo, continúan exigiendo al Gobierno venezolano que asuma la debida responsabilidad de la falta de documentos necesarios
De esta forma lo dio a conocer el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Santiago Chávez, quien presidió esta semana una reunión técnica en la que trece países latinoamericanos analizaron la crisis migratoria y humanitaria originada por el éxodo venezolano, en la que concluyeron el compromiso de acoger documentos de viaje vencidos.
Mediante una entrevista el viceministro enfatizó que «en el caso de Ecuador, vamos a ir examinando las posibilidades que existen de ser más flexibles en general en relación al tema documental». Aunque destacó que «es fundamental que haya una forma de hacer notar al Gobierno de Venezuela que asuma su responsabilidad en el área de otorgar la documentación a los ciudadanos».
De acuerdo a cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), cerca de 2,5 millones de venezolanos han salido de su país desde 2014, por lo que en el último año la crisis migratoria se ha agudizado, obligando a los países limítrofes con Venezuela y a los que se han convertido en principales destinos a adoptar medidas excepcionales, como la solicitud de pasaportes o documentos que cuenten con el apostillado de validación correspondiente, requisitos que no siempre pueden cumplir los migrantes.
Medidas para controlar el flujo migratorio
Ante la masiva afluencia de venezolanos en los últimos meses llevó a Quito a exigir para su entrada al país pasaportes en regla -cuando hasta entonces era posible el ingreso con una cédula de identidad-, medida que fue recurrida por la Defensoría del Pueblo y que se encuentra en suspenso.
Ante esto esta semana en la capital ecuatoriana dejaron abierta la puerta a que cada país firmante de la misma, once en total, pueda adoptar de acuerdo a su ordenamiento jurídico la decisión que considere al respecto. Sin embargo, Chávez reconoció que ese punto, precisamente, fue uno de los más controvertidos a la hora de alcanzar un consenso, pero que la idea ha sido buscar la máxima flexibilidad a la hora de aceptar documentos vencidos, medida que ya rige en Chile y Brasil y a la que espera que se sumen progresivamente otros países.
«Ningún país tiene flexibilidad total porque lógicamente debemos encontrar un punto de convergencia entre la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos», remarcó. Pero rescató que uno de los principales denominadores comunes de la reunión fue «la voluntad de los países de actuar positivamente frente a esta crisis y de ayudar a la gente más vulnerable».
Por otra parte, señaló que la mayor parte de los países de la región tienen limitaciones de recursos para hacer frente a esta crisis migratoria sin precedentes, y que el encuentro buscó poner de manifiesto un llamamiento y sensibilización a los organismos del sistema de la ONU, así como a donantes.
También resaltó el papel que está adoptando Ecuador para liderar esos esfuerzos conjuntos al albergar el encuentro regional que tendrá una segunda edición en noviembre, y constituirse en el primer país sudamericano que presidirá el Foro Mundial de Migración y Desarrollo el próximo año.
Sobre la problemática originada por la migración venezolana en los países limítrofes y de destino, en particular en el terreno de la inserción social, Chávez plantea que los países y organismos deben ahora buscar soluciones articuladas que vayan más allá de la ayuda humanitaria de emergencia.
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