Notipascua.- A las afueras de la Contraloría General de la República, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, se refirió particularmente a un alto funcionario del Gobierno. Aunque no lo identificó, la última frase de su mensaje hizo alusión al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
“Quiero enviar un mensaje directo a ese politiquero del Gobierno. La próxima Asamblea Nacional va a ser muy parecida a mí. Me explico, va a ser así, mira, sin cabello”, declaró al tiempo que pasó la mano derecho por su cabeza rapada.
Torrealba se acercó a la sede de la Contraloría, la mañana de este jueves 23 de julio, para entregar un comunicado dirigido al jefe de ese despacho para rechazar las inhabilitaciones que se han dictado contra los candidatos opositores Daniel Ceballos, María Corina Machado, Enzo Scarano, Manuel Rosales y Pablo Pérez.
El documento evoca el artículo 42 de la Constitución para alegar el carácter inconstitucional de estas medidas.
A continuación, lea el texto completo:
Caracas, 23 de Julio de 2015
Ciudadano
Dr. MANUEL GALINDO BALLESTEROS
Contralor General de la República
Ciudad.
Me dirijo a Ud. en la oportunidad de expresarle nuestro firme rechazo a las medidas que ha adoptado el despacho a su cargo, al intentar inhabilitar en el ejercicio de sus derechos políticos a un grupo de destacados dirigentes de la Unidad Democrática, varios de ellos candidatos en las venideras elecciones de la Asamblea Nacional.
Es nuestro criterio que tales decisiones vulneran nuestro máximo pacto de convivencia social y política, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, el artículo 42 de nuestra Carta Magna establece textualmente que “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. La medidas que anunció la Contraloría General de la República son un acto administrativo, no una sentencia, y la institución que las emite no es una autoridad judicial, por lo que las llamadas “inhabilitaciones” no llenan los extremos legales exigidos por la Constitución.
Destaco ante su atención que quienes hoy tienen derecho a sentirse agredidos por estas medidas emitidas por el despacho a su cargo no son solo María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Escarano, Manuel Rosales y Pablo Pérez. El campo de los afectados no se limita a la oposición política. En realidad, estas medidas de inhabilitación lesionan a toda Venezuela. Nuestro país se encuentra inmerso en una honda y aguda crisis política, económica, social, institucional y ética. Construir una solución pacífica, constitucional y democrática a esta crisis pasa por la realización de elecciones que brinden una salida al descontento. Medidas como las adoptadas por el Despacho a su cargo no solo son de discutible legalidad, sino que tienen además un efecto dañino para la salud de la República, al promover la reducción de la utilidad de las elecciones como mecanismo para la resolución pacífica de conflictos.
Reiterándole nuestra preocupación venezolanista y nuestro llamado a que estas medidas sean dejadas sin efecto, queda de usted,
Por la Mesa de la Unidad Democrática
Fuente: Efecto Cocuyo.
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