El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente es una continuación de la ruptura del orden constitucional, dijeron abogados durante conferencia del Bloque Constitucional en Valle de la Pascua, estado Guárico

16 de mayo del 2017.-

Lic. Freddy Arvelaez

Valle de la Pascua||Guárico||Notipascua.- “Activación de la justicia militar en aplicación del Plan Zamora, es un delito de persecución de lesa humanidad”; así lo afirmó el abogado Román Duque Corredor al concluir la Cuarta Jornada para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia, realizada al caer la tarde del viernes 12 de mayo, en las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico. El evento convocado por el Bloque Constitucional de Venezuela contó con la participación de Saúl Ron Braasch, canciller de la Diócesis de Valle de la Pascua, los abogados Carlos Camero y Mariana Camero y Pedro Loreto, alcalde del municipio Leonardo Infante.

En sus diferentes presentaciones los abogados ponentes y los asistentes coincidieron en la necesidad de conformar un movimiento en defensa de la Constitución y en rechazo al llamado de Nicolás Maduro de realizar una Asamblea Nacional Constituyente que, de acuerdo a sus características “constituye un fraude constitucional” y una “continuación de la ruptura del orden constitucional”.

Román Duque Corredor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Bloque Constitucional, se pronunció sobre la reciente utilización de Tribunales Militares para enjuiciar civiles involucrados en protestas señalando que “el límite de la competencia de los tribunales militares es el de la prohibición de juzgar delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad” y que de acuerdo a los principios democráticos el poder militar “debe estar subordinado al poder civil”.

Duque Corredor continuó explicando que la activación de la justicia militar, en aplicación del Plan Zamora, con posterioridad a los hechos ocurridos con ocasión de las protestas contra el gobierno, dentro de lo que señala como una “estrategia planificada del gobierno de represión”, es un “ataque sistemático y generalizado contra la población civil” y “las violaciones graves a derechos humanos fundamentales, con detenciones arbitrarias” y el “aislamiento de los detenidos e intimidación a la cual se someten a los imputados al ser presentados ante tribunales ad hoc instalados en cuarteles ante efectivos fuertemente armados” encuadra en el “delito de persecución de lesa humanidad según el Estatuto de la Corte Penal Internacional”.

Finalizó aclarando que por este delito deben responder “desde el Comandante en Jefe de las FAN, el Ministro de la Defensa, el comandante de la GNB” hasta “comandantes de los cuarteles y prisiones militares, jueces y fiscales militares”, según el mismo Estatuto de la Corte Penal Internacional y el artículo 29 de la CRBV.

El Bloque Constitucional continuará su gira por las principales ciudades del país con la intención de promover espacios de deliberación y denuncia en el que participen los actores del Sistema de Justicia y representantes de la sociedad civil para el rescate de la independencia del Poder Judicial y para la formación de una agenda ciudadana sobre la reinstitucionalización del Sistema de Justicia.