Conferencia Episcopal condenó “persecución” contra diputados de la AN

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El episcopado señaló que las decisiones del TSJ abolen el “derecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional”

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) condenó este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de allanar la inmunidad parlamentaria de unos 14 diputados a la Asamblea Nacional (AN).

Estos parlamentarios están siendo juzgados por su presunta participación en el alzamiento militar del pasado 30 de abril, liderado por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y el fundador de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López. 

Varios de los legisladores, a los que se levantó la inmunidad parlamentaria, se encuentran en sedes diplomáticas en calidad de huéspedes o están en el exilio. El único que se encuentra preso por este caso es el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.

“Con estas decisiones queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular”, escribió la CEV en un comunicado. 

El texto del episcopado señala que existen ”más de 30 diputados/as al Parlamento venezolano que se encuentran fuera de sus funciones debido a que a algunos se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, otros están detenidos o en el exilio, aunado a que no hay representación del estado Amazonas debido a que sus representantes fueron desproclamados”.

La Iglesia explicó que la decisión del TSJ ”constituyen un irrespeto y una transgresión de los compromisos establecidos en los distintos órganos internacionales de derechos humanos”. 


A continuación el comunicado íntegro:


La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela rechaza las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, al violar la inmunidad parlamentaria de diputados a la Asamblea Nacional. Con estas decisiones queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.

Estas sentencias del más alto tribunal de la República constituyen un irrespeto y una transgresión de los compromisos establecidos en los distintos órganos internacionales de derechos humanos, a los cuales pertenece y participa la República Bolivariana de Venezuela.

El desconocimiento de la inmunidad sin el antejuicio de mérito, ni el allanamiento por parte de la Asamblea Nacional, en contravención a expresas disposiciones constitucionales, afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura en la práctica un secuestro de la soberanía popular representativa en sus diputados/as que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad del pueblo y la observancia de los debidos procesos legales y judiciales. Una crisis política debe tener una solución política.

Ratificamos la voluntad de solución institucional y democrática a la situación política y social venezolana. Igualmente condenamos toda represión y concentración abusiva del poder. Según información que ha recogido la Comisión de Justicia y Paz, hay más de 30 diputados/as al Parlamento venezolano que se encuentran fuera de sus funciones debido a que a algunos se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, otros están detenidos o en el exilio, aunado a que no hay representación del Estado Amazonas debido a que sus representantes fueron desproclamados.

Rechazamos categóricamente la persecución en contra de dirigentes políticos y sociales, en especial en contra de diputados a la Asamblea Nacional mediante la criminalización y estigmatización, colocando en sus residencias panfletos o grafitis que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias.

Finalmente pedimos a las autoridades que respeten la voluntad popular y garanticen la seguridad de las personas que están siendo objeto de persecución y amedrentamiento.

Pedimos a Dios la sabiduría necesaria para una solución institucional y pacífica a la grave crisis política, social y económica que se ha profundizado en las últimas semanas, deteriorando la democracia y la calidad de vida del pueblo venezolano, especialmente de los más pobres.

Con información de El Universal.

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