Los ánimos no se han calmado en Pacaraima, en el estado fronterizo de Roraima luego de que el pasado sábado hubiese un ataque hacía 700 y la expulsión de 1200 venezolanos por parte de los residentes, ante esto las autoridades no descartan cerrar temporalmente la frontera, afectando así la migración masiva
El Gobierno brasileño específicamente el brazo derecho del presidente Michel Temer, el ministro Carlos Marun, determinó que no descartaba cerrar temporalmente la frontera con su asfixiado vecino del norte y es que la idea había sido propuesta tras el ataque por algunos políticos xenófobos de Roraima, que se encuentran en campaña electoral, y muchos esperaban que al llegar a la esfera nacional, caería por su propio peso.
Y es que el Tribunal Supremo como la consultoría general de abogados del gobierno (la AGU por sus siglas en portugués) coinciden con la opinión de incontables juristas: cerrar la frontera viola el derecho internacional. Dentro del propio Ejecutivo, el ministro de Seguridad Institucional tildó la idea de “impensable”.
Se hacen sentir
Se conoce que en Pacaraima, la población inmigrante suma 3.000 habitantes, el 25% del pueblo, todo esto por su frontera han entrado 127.778 venezolanos entre enero de 2017 y junio de 2018. De ellos, 68.968 han vuelto pero no consta que lo hayan hecho los otros 58.810. Un buen número se ha quedado en Roraima, uno de los estados más pobres y desatendidos del país; donde los servicios públicos, sobre todo el sanitario, ya estaban obsoletos y saturados antes de que la crisis económica venezolana llevase a familias enteras a colmar las salas de urgencias, las peticiones de ayudas públicas y, casi literalmente, las calles.
En el resto de Brasil, de 208 millones de habitantes y la quinta mayor extensión geográfica del mundo, la presencia venezolana es más testimonial. El Gobierno central, que se había comprometido a distribuir a los inmigrantes llegados a Roraima, lo ha hecho de cientos en cientos. Frente a los 50.000 que hay en Roraima, el Estado más rico, que es São Paulo, apenas acoge a 212.
Esa disparidad es el caldo de cultivo de una serie de incidentes xenófobos cada vez más graves en la frontera con Venezuela. En febrero, un hombre fue acusado de incendiar la casa donde vivían 14 adultos y un niño de 3 años. Días después, alguien (se sospecha que la misma persona) lanzó una bomba a la casa de 31 inmigrantes. En marzo, 300 brasileños echaron a 200 venezolanos de un albergue y quemaron sus posesiones.
Y esta actitud, a su vez, ha definido la política de ciertos mandatarios locales, que intentan traducir el desespero de los roraimenses en ideología. La gobernadora, Suely Campos, en campaña por su reelección, hace ya que declaró la guerra política a los inmigrantes: ya había pedido el cierre de la frontera con anterioridad (que le fue denegado). Hace poco contribuyó al crescendo xenófobo cuando, el 1 de agosto, publicó un decreto para restringir aún más la entrada de inmigranets, prohibirles el uso de servicios públicos y favorecer la repatriación de quienes ya estaban dentro y sin documentación.
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