Fuente: www.eltubazodigital.com
Luego de haber sido capturados el pasado 30 de mayo en la capital del estado Guárico, por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia(Sebin), 4 ciudadanos militantes y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, quedaron detenidos hasta este jueves 9 de agosto cuando todos salieron en libertad.
Como se recordará la fiscal 3°, Sara Utrera, imputó a los 4 detenidos por presuntamente estar involucrados en los delitos de boicot.
Ese día se reveló que los detenidos eran los máximos jefes del Clap en Roscio, designados por el Psuv y la alcaldesa de Roscio Mayerling Colmenares, para “garantizar alimentos al pueblo”.
La dirigente psuvista Maryeli Colmenares Hernández coordinadora de los CLAP en el municipio y hermana de la alcaldesa del Psuv en esa localidad resultó ser una de las detenidas.
El Sebin también detuvo a José Ochoa, Jairo Andarcia, Silvio Ferreira, los cuales operaban en un galpón definido por Freddy Bernal como “clandestino”
Para el momento de su detención estos tenían en su poder dos vehículos al igual que “12.000 Kg de harina de maíz precocida marca P.A.N. y 3.192 Kg de arroz marca Mary.
El propio Freddy Bernal señaló al día siguiente que los rojitos fueron trasladados al Ministerio Público “para tomar las acciones pertinentes”, agregó Bernal.
Se tuvo conocimiento que la mercancía decomisada había sido adquirida por el Clap del municipio Roscio en la empresa Makro, con el fin de ser distribuida a las comunidades, acción que no se estaba realizando y que venía siendo denunciada fuertemente por la comunidad sanjuanera.
Luego de esta detención, y a pesar del pronunciamiento de los dirigentes nacionales del Psuv Diosdado Cabello y Freddy Bernal, quienes informaron la detención, en el estado Guárico hubo un silencio por parte del Psuv y sus dirigentes. Todos callaron dicho delito cometido.
El portal El Pitazo informó que “el trabajo de inteligencia determinó que al parecer estos alimentos serían desviados a otros puntos para ser revendidos al consumidor final con precios especulativos”.
La detención
Inicialmente el Tribunal 3° de Control ordenó recluirlos a estos en el Sebin. Luego, Maryeli Comenares, hermana de Mayerling Colmenares sería enviada al anexo femenino de la famosa PGV, mientras que los tres hombres los remitieron a la conocida cárcel en donde han albergados presos políticos y comunes, el Centro de Procesados 26 de Julio.
La fiscal 3°, Sara Utrera, imputó por la presunta comisión del delito de boicot,precalificación aceptada por el Tribunal de Control. Delito que establece penas de 12 a 14 años, sin posibilidad de beneficios procesales, aun admitiendo la culpa de los hechos imputados.
Según la Ley de Precios Justos, se define el delito de Boicot como: “Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años”.
Así se fueron pa la calle
Luego de un poco más de un mes detenidos los 4 involucrados, el tribunal revisó la medida privativa por la cual estaban detenidos y se tomó la decisión de otorgarlearresto domiciliario con presentación ante el circuito judicial, poniendo fin a la detención.
Para lograr esta decisión se cambió la calificación de Boicot en la audiencia por la deAcaparamiento, aun cuando el delito imputado al momento de la aprehensión no era ese.
Segú la ley de precios justos define Acaparamiento de la siguiente manera: “Los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, retengan los mismos, con o sin ocultamiento, serán sancionados con prisión de 8 a 10 años. Asimismo, serán sancionados con la ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días prorrogables por una sola vez.
Ante esta nueva calificación los señalados se declararon culpables y se acogieron al beneficio que establece la ley de pagar la mitad de la pena, por lo cual fueron “sentenciados” a 4 años y 8 meses, pena menor a cinco años, que podrá ser cumplida en su casa.
Con esta sorpresiva decisión salen beneficiados: La máxima jefa del Clap en la capital del estado, Maryeli Colmenares Hernández. También salieron Jairo Andarcia, quien se desempeñaba como el jefe de almacén y el chofer José Ochoa Esparragoza .
Mientras que el dueño del galpón en donde acaparaban los productos del Clap Caires Silvio Ferreira, también resultó beneficiado. Ferrerira es un empresario ligado al chavismo, dueño de la empresa constructora Ofimax y del mencionado galpón.
Lo que dijo y no dijo Bernal y Diosdado
Al día siguiente de conocerse la detención de los detenidos por el delito de“acaparamiento” el dirigente nacional del Psuv, Freddy Bernal fue contundente al afirmar: “Comisión del SEBIN, detuvo a 04 ciudadanos dedicados a desviar, acaparar y especular productos de la cesta básica que debían ser distribuidos a través de los #CLAP. Estos ciudadanos operaban en un galpón clandestino ubicado en San Juan de los Morros”.
Comisión del SEBIN #Guarico, detuvo a 04 Cddnos. dedicados a desviar, acaparar y especular productos de la cesta básica que debían ser distribuidos a través de los #CLAP. Estos ciudadanos operaban en un galpón clandestino ubicado en San Juan de los Morros. 1/3 pic.twitter.com/vocbcJ8BG6
— Freddy Bernal (@FreddyBernal) May 31, 2018
El dirigente psuvista omitió un detalle clave, que la detenida era la hermana de la alcaldesa psuvista, al igual que el resto de los detenidos eran “camaradas”.
Bernal señaló “un galpón clandestino” pero olvidó decir que el dueño era un empresario vinculado al chavismo.
También en ese momento Bernal, escribió en Twitter que “habrá fuertes consecuencias para quien juegue con el alimento del pueblo”. Las fuertes consecuencias ya se conocieron.
3/3 Habrán fuertes consecuencias para todo aquel que juegue con los alimentos del pueblo, y tengan por seguro, que seguiremos trabajando para lograr la estabilidad y protección alimentaria.
— Freddy Bernal (@FreddyBernal) May 31, 2018
“Los ciudadanos Maryeli Colmenares, Jairo Andarcia y José Ochoa se encuentran a la orden de la justicia al ser descubiertos por acaparar y luego proceder a la venta de los productos Clap en el estado Guárico”.
La nota no menciona al empresario, tampoco orienta a los lectores sobre la condición de los detenidos como psuvistas y una de ella hermana de la alcaldesa.
Habla la alcaldesa
Ante las presiones en las redes sociales y en vista del silencio de concejales, diputados y constituyentistas, el comentario generalizado obligó a la alcaldesa de Roscio Mayerling Colmenares a pronunciarse sobre el tema: “Soy la primera interesada en que esto termine con las investigaciones que correspondan, puesto que aquí no hay intocables”.
Esta nunca se refirió a la condición de hermana que tenía la detenida, ni a la militancia rojita. Colmenares terminaría su breve declaración afirmando: “cada quien debe asumir sus responsabilidades de manera individual y serán los organismos correspondientes los encargados de determinar la responsabilidades de los aprehendidos, “si las hubiere” sostuvo.
Es así como al declararse culpables, el tiempo dijo que “si las hubo”.
Y como queda el partido y la alcaldesa
El Tubazo Digital consulto a dirigentes de base del Psuv, los cuales rogaron no ser identificados, en su mayoría consideran el hecho como grave, y creen que la alcaldesa debe asumir más la responsabilidad. Admiten que no se pronunciaron pues hubo silencio en sus líderes regionales “si ellos no lo dicen, no voy a salir yo a decirlo” declaro un conocido exconcejal.
Héctor Luna abogado y conocido dirigente de la oposición cree que “. Si la hermana de la Alcaldesa admitió los hechos ésta debería renunciar a su cargo por vergüenza y en desagravio a la población rosciana. Si tuviera vergüenza”.
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