Linchamientos demuestran “descomposición social” en Venezuela

El nutrido grupo de hombres se dirigió a la casa de Jairo Rivas, alias “El Plo e Bollo“ en la ciudad de San Francisco, en el estado venezolano de Zulia, con el expreso fin de matarlo.

Rivas, un conocido delincuente, había asesinado horas antes a un hombre de 25 años y los familiares y amigos de la víctima estallaron en cólera cuando se enteraron. Pero, en lugar de llamar a la policía, salieron a buscar al homicida.

Según la prensa local, el grupo llegó a la humilde vivienda temprano en la mañana del lunes 18 de abril. Los moradores de la zona, quienes se preparaban para iniciar sus labores del día, fueron sorprendidos por una serie de detonaciones de armas de fuego. Cuando se atrevieron a asomarse, vieron al grupo de hombres extraer de la vivienda a un muchacho que temblaba de miedo y a quien procedieron a golpear salvajemente.

Las versiones de prensa publicadas no precisan el tiempo que duró la paliza, pero todas coincidieron en que los hombres, una vez satisfechos, terminan rematando al muchacho de un disparo, para luego prender fuego al cadáver y a la vivienda.

No obstante, el grupo fracasó en su cometido. El muchacho linchado no era “El Plo e Bollo”, sino su hermano David, de sólo15 años.

El incidente es solo uno de la media docena de casos de linchamientos registrados en las últimas tres semanas en Venezuela. en una tendencia alarmante que marca la creciente frustración de una ciudadanía ante la impunidad casi absoluta con que operan los delincuentes, en un país donde vastos sectores de los centros urbanos son controlados por las pandillas y donde más del 93 por ciento de los homicidios termina sin castigo.

“Hay un recrudecimiento de la violencia en el país, producto de la destrucción del estado de derecho y la destrucción de la institucionalidad”, advirtió en Caracas Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. “Bajo estas condiciones es que vemos como empieza a aflorar la violencia en todas partes, ya sea como un instrumento de imposición, o como un instrumento de defensa”.

Solo que esa violencia ya va de parte del delincuente hacia su víctima, o del policía hacia el delincuente. Ahora incurre en ella el ciudadano común, quien en respuesta a la inacción gubernamental ha comenzado a jugar el papel de fiscal, juez y verdugo, agregó Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad.

“Los linchamientos se enmarcan dentro de un cuadro de excesiva criminalidad y violencia, y se han estado agudizando con el pasar de las semanas en la medida que la gente ha perdido la paciencia por la falta de gobierno y de respuestas de las instituciones”, advirtió Ponce. “Esto demuestra que estamos ante una sociedad que se está descomponiendo y es una crisis que se va agudizando cada día que pasa”.

Los linchamientos, algunos de los cuales han sido grabados en videos que luego se tornaron virales en las redes sociales, están ocurriendo a lo ancho y largo del país sin que pareciera haber diferenciación de clases y de grado de educación entre quienes participan.

Según datos del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, los incidentes están ocurriendo en zonas rurales y en las zonas urbanas, en los eventos participan personas de la clase baja y personas de clase media y alta, con una frecuencia de entre uno o dos casos por semana.

En un fenómeno que sorprende, muchos de los que participan en los linchamientos se consideran personas decentes y no sienten remordimiento posterior por sus acciones.

Ponce, cuya organización ha entrevistado algunos de ellos, dijo que la mayoría dijo que sentía haber participado en un acto de reivindicación de la justicia y que a través de sus acciones habían ayudado a proteger a una ciudadanía sitiada por la delincuencia.

No obstante, no todas las víctimas de los linchamientos han sido delincuentes.

Roberto Josué Fuentes Bernal, de 42 años, murió a inicios de abril, precisamente cuando se encontraba asistiendo a un hombre que estaba en el piso y al que le habían robado en el sector de Los Ruices, de Caracas.

“Hubo mucha confusión, porque él estaba auxiliando al señor y lo acusaron a él de ser el ladrón. Pidió clemencia, que no lo atacaran, pero a nadie le importó”, contó uno de sus familiares a la prensa local.

“Sujetos despiadados lo rociaron de combustible y le prendieron fuego, le rompieron la cabeza a golpes y nadie lo ayudó”, agregó su cuñada, Nuvia Figuera de Bernal.

Los linchamientos están incorporando al ciudadano común a una espiral de violencia que comenzó al inicio de la Revolución Bolivariana, en 1999, como producto de una inexistente política de Estado para luchar contra la criminalidad y el excesivo discurso gubernamental que tilda a la clase media y alta como enemigos del país.

Durante el gobierno previo al inicio de la presidencia de Hugo Chávez, los homicidios sumaban 4,500 al año, y ya para al cierre de los primeros tres años del gobierno revolucionario el número se había disparado a 13,000.

Actualmente el número ronda cerca de los 30,000, y este año parece estar en vías de alcanzar un nuevo récord, en momentos en que bandas armadas de gran tamaño comienzan a extender sus áreas de influencia.

“Lo que estamos viendo es un proceso de descomposición institucional”, dijo en Madrid el sociólogo Tomás Páez Bravo. “La gente sabe que el sistema judicial ha fracasado completamente y que no se puede ir a las autoridades para buscar justicia, porque el nivel de impunidad supera el 90 por ciento”.

“De modo que si la justicia no actúa, y cuando actúa, lo hace mal, muchos terminan pensando que está en las manos del ciudadano enfrentar el problema”.