La corte federal de Washington alega que la aeronave ha violado las leyes de control de exportaciones
Estados Unidos pidió el martes a las autoridades argentinas la incautación de un avión de carga que permanece retenido en las afueras de Buenos Aires, poco después de que un juez que investiga una supuesta conexión terrorista mantuviera una prohibición de salir de la nación sudamericana a siete tripulantes iraníes y venezolanos.
El departamento de Justicia estadounidense formuló la solicitud después que un tribunal de Washington hiciera pública una orden de confiscación de la aeronave, el 19 de julio. “El departamento de Justicia no va a tolerar transacciones que violen nuestras sanciones y nuestras leyes de exportación”, dijo Matthew Olsen, un fiscal del área de seguridad nacional.
Pocas horas antes, el lunes en la noche, el juez federal argentino Federico Villena firmó una resolución en la que dispuso que quedarán retenidos los documentos de los iraníes Gholamreza Ghasemi -piloto de la aeronave-, Abdolbaset Mohammadim, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh; y de los venezolanos Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras, tripulantes del Boeing de la estatal venezolana Emtrasur que arribó el 6 de junio a Buenos Aires despertando sospechas. La justicia argentina busca determinar si los ocupantes del vuelo -que están en libertad y alojados en las afueras de Buenos Aires- arribaron al país con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.
Las sospechas sobre el avión obedecen en parte a que Argentina fue blanco de dos atentados en la década de 1990 -uno contra la embajada israelí en Buenos Aires y otro contra un centro comunitario judío- por los cuales la justicia de la nación sudamericana acusó al régimen iraní. Teherán siempre ha negado las acusaciones.
En su pedido de confiscación, la corte federal de Washington alega que el Boing 747-300M ha violado las leyes de control de las exportaciones relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air -una línea aérea iraní afiliada con un grupo que aparece entre las organizaciones a las que Estados Unidos considera terrorista-, y Emtrasur que es una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Desde 2008, el departamento de Comercio de Estados Unidos ha emitido una orden temporal que prohíbe a Mahan Air realizar cualquier tipo de transacción desde Estados Unidos que esté relacionada con bienes o materias primas sujetos a regulaciones estipuladas en la ley de administración de exportaciones. La orden judicial alega que alrededor de octubre de 2021, Mahan Air violó esas leyes cuando transfirió la custodia del avión a Emtrasur, sin autorización del gobierno estadounidense. Posteriormente habría también transgredido las normativas al volver a exportar la aeronave a Caracas, Teherán y Moscú, sin autorización de Washington.
Asimismo, Conviasa está en una lista de compañías sancionadas por Estados Unidos desde 2020, y su flota fue bloqueada en 2019. Hace algunas semanas, Pérez Gómez -el gerente general de operaciones de Emtrasur y a quien el juez argentino denegó la devolución de su pasaporte- negó cualquier vínculo con el terrorismo en declaraciones a la prensa y sostuvo que, además del transporte de carga, el vuelo cumplía la función de adiestramiento de los pilotos venezolanos.
El magistrado, sin embargo, expresó sus dudas al señalar que podría tratarse de una “pantalla”, y apuntó que parte de la tripulación podría haber realizado maniobras ilegales que afectan a la seguridad nacional y regional. La aeronave recogió la carga en México para varias compañías argentinas de autopartes e hizo escala en Caracas antes de arribar al país sudamericano.
Sus tripulantes también son investigados en Paraguay, donde el avión aterrizó en mayo en Ciudad del Este y luego partió para transportar cigarrillos a Aruba. El juez consideró que ese vuelo es “llamativo” y consideró que hay que profundizar la investigación sobre el mismo, como solicitaron la fiscal de la causa y la querella. Venezuela reclama por su parte la devolución de la aeronave
Con información de El Nuevo Herald
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