Prensa MUD Consejo Legislativo de Carabobo.-
07 de junio del 2017.-
Valencia||Carabobo||Notipascua.- La Contraloría General de la República (CGR), iniciará las acciones de control y fiscalización para verificar los presuntos hechos irregulares en la adquisición masiva de alimentos importados realizada por el Ejecutivo Nacional durante el año 2015, según se desprende de oficio signado con el número 01-10-318 de fecha 21 de abril de 2017 en el que el ente contralor informa acerca de la decisión.
La información fue suministrada por la legisladora Neidy Rosal, jefa de la Fracción Parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y miembro del grupo parlamentario de Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC).
El mencionado oficio, fue enviado a la diputada Neidy Rosal, dando respuesta a la solicitud de investigación hecha por ella en el año 2015 ante la CGR, donde exigía el pronunciamiento del ente contralor con respecto a los procesos de financiamiento, compra e importación de alimentos y todas las presuntas irregularidades en los contratos suscritos por el Gobierno Nacional en junio de ese año.
En el documento la parlamentaria destacaba la compra de alimentos con sobreprecio por encima de los estimados en estándares publicados en las bolsas agrícolas internacionales, caso específico en los contratos firmados con la empresa brasileña JBS, los cuales fueron estimados por el orden de 2,1 mil millones de dólares para la compra de productos como pollo y carne.
El propósito de la solicitud ante la CGR, además de la fiscalización de los procedimientos de adquisición, compra e importación de alimentos radicaba en controlar la deuda pública por compromisos adquiridos. Asimismo, la investigación en los procesos de otorgamiento, pago y financiamiento entre el gobierno venezolano con empresas internacionales, con especial énfasis en los realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Del mismo modo, Rosal solicitó al órgano contralor que se investigara la compra de 300 toneladas de carne a las empresas ABC Carnes, Industrial Comercial San Martin y Nuevo Carnic, así como la compra de 18 mil toneladas de aceite comestible de soya y palma a las empresas Bunge Agitrade Cieco Palma y Anator, además de la compra de treinta mil toneladas de arroz de primera a la empresa estadounidense TRC.
Cabe recordar que en el informe presentado por la legisladora Rosal también se hace mención y se pide a la Contraloría General de la República, investigar la compra de cinco mil reses compradas por el Ejecutivo venezolano a la empresa brasilera Minerva Foods, las cuales naufragaron en las costas del rio Amazonas en la localidad de Vila do Conde en Bacarena, en el estado Pará (Brasil), el 06 de octubre del año 2015, situación que presupone un daño al patrimonio de la nación. En su momento la parlamentaria pidió se fiscalizara esa mercancía, que ya había sido cancelada a la empresa brasilera antes mencionada y que no llegó.
La diputada destacó, que realizó la solicitud de investigación amparada en el numeral 3 del artículo 289 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala: “Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley”.
Entre los aspectos solicitados, por la diputada Rosal al ente fiscalizador, se encontraba también la verificación del adecuado estatus de los puertos de Venezuela para la recepción de los alimentos, en aras de evitar una pérdida masiva de comida tomando en cuenta los antecedentes con el mencionado caso “Pudreval”; en especial los puertos de Puerto Cabello, de La Guaira, Maracaibo y de Guanta.
También exigió Rosal la fiscalización de las catorce empresas de alimentos de primera necesidad que fueron expropiadas por el Ejecutivo Nacional, llevado a cabo entre 2007 y 2011. “La Contraloría General de la República debe responder a los venezolanos: ¿Cuáles son los niveles de producción de estas empresas?, ¿Cuál es el estado operativo de las mismas? Es imperativo el control y vigilancia de estas empresas”, dijo.
La solicitud fue realizada por la diputada Rosal, cuando en el país comenzaba a agudizarse la escasez de alimentos, aumentaban los niveles de inflación, existían irregularidades e inconvenientes en la adjudicación y liquidación de divisas, se evidenciaba una fuerte caída de la producción nacional y se incrementaban los niveles de desempleo; mientras que el Gobierno Nacional realizaba cuantiosas inversiones en la importación de alimentos y aparecería un “mercado negro de alimentos de primera necesidad”, lo que agravó considerablemente la situación económica de todos los venezolanos.
Destacó la legisladora Rosal, que espera mayor celeridad en la investigación por parte del ente contralor, sobre la serie de solicitudes realizadas en la denuncia y que a casi dos años de la misma, se recibe oficio donde manifiestan tomarán las acciones necesarias para verificar los presuntos hechos irregulares. “Los venezolanos estamos esperando respuestas por parte de la CGR de forma veraz y oportuna, pues es inaceptable que se siga permitiendo la corrupción en el tema alimentario”.
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