19 de julio del 2017.-
Notipascua.- El pasado lunes, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU), a través de un comunicado, pidió la realización de elecciones justas y libres en Venezuela, y amenazó con imponer sanciones económicas fuertes contra el país, si el gobierno de Nicolás Maduro insiste en instalar la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es el responsable de administrar y aplicar las sanciones económicas en contra de individuos o gobiernos, en casos vinculados a violación de derechos humanos, corrupción, tráfico de drogas y terrorismo. Hasta el momento, en Venezuela solo se han aplicado sanciones contra individuos, por lo que el anuncio emitido el día de ayer se interpreta como la posibilidad de aplicar un nuevo tipo de sanciones económicas,en este caso contra el Gobierno.
Las sanciones en contra de los Gobiernos usualmente incluyen el bloqueo de activos en el exterior, restricciones al comercio, y restricciones al ejercicio de la política exterior y el logro de objetivos en materia de seguridad nacional. Este tipo de sanciones se han aplicado desde la década de los años cincuenta a los gobiernos de países como Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Somalia y Siria.
- Prohibición general para individuos y empresas norteamericanas de hacer negocios o realizar transacciones financieras con individuos o compañías venezolanas. En el caso de PDVSA esto puede implicar la prohibición de exportar petróleo y sus derivados, pero también la posibilidad de que prohíban a empresas estadounidenses invertir y hacer negocios con Venezuela.
- Congelamiento de activos y compañías propiedad de individuos y empresas venezolanas, públicas o privadas, en Estados Unidos. En este caso la propiedad se mantiene, pero se restringe el uso y privilegios. En el caso de Venezuela, este tipo de sanciones afectarían las operaciones de empresas como CITGO, o cualquier otra empresa de propiedad venezolana que opere en Estados Unidos.
En caso de que se apliquen las sanciones, todos los ciudadanos y residentes permanentes, entidades, incluyendo sus oficinas extranjeras,de origen estadounidense deben acatarlas. En caso de incumplimiento, las multas pueden ser de varios millones de dólares. En muchos casos, la aplicación de este tipo de sanciones por parte del Departamento del Tesoro se ha mantenido independientemente del Gobierno de turno, hasta tanto cesen las prácticas que justificaron su aplicación.
Para un país como Venezuela, donde más del 90% de los ingresos provienen de las exportaciones del sector petrolero, el impacto de una medida como esta sería muy alto. Limitar o restringir la actividad económica de las empresas públicas y privadas seguramente profundizará aún más la escasez de alimentos y medicinas, al afectar directamente los ingresos del Gobierno. Esa medida también pudiera afectar las opciones de endeudamiento del Gobierno venezolano.
El anuncio del gobierno estadounidense se une al de muchos otros países que, luego de la consulta popular del domingo 16 de julio, han pedido al Gobierno de Venezuela que oiga a sus ciudadanos y cancele la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
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