La corte que es mayormente opositora halló «comprobada la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales», por lo que ordenó que el mandatario cumpla la pena en el centro de detención de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda, dio a conocer el magistrado Rafael Rommel-Gil en Bogotá.

También se le impuso una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y de 35.000 millones por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. También solicitó una orden de captura internacional, sin embargo, la decisión no está en conocimiento del gobierno venezolano.

Esta sentencia se realizó en sala plena del tribunal paralelo en un recinto del Congreso colombiano, donde la fiscal general destituida Luisa Ortega realizó su acusación diciendo que «Odebrecht resultó beneficiada con innumerables adjudicaciones de infraestructura que se tenían proyectado hacer en Venezuela», se «pagaron y no concluyeron».

Pronunciamientos de parte del Psuv

Ante las acciones emprendidas por el TSJ exiliado, el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, desestimó la decisión diciendo en su programa de televisión semanal que «¿Están en Colombia diciendo que pueden condenar al presidente de Venezuela y Nicolás sigue siendo el presidente? Dios mío».

A través de los diferentes medios se constató que en mayo magistrados exiliados en Miami habían «suspendido» a Maduro de su cargo por este caso.

Además el abogado de oficio del mandatario venezolano, Andrés Lindo, aseguró que no se debía condenar a Maduro por unos contratos «que nunca firmó» y en los que «el deber de vigilancia» competía a otras entidades. «Eventualmente podría hablarse de algún tipo de responsabilidad administrativa, quizá. De responsabilidad penal, no», afirmó.

Es de recordar que el 9 de abril los 13 magistrados principales y 20 suplentes de la corte paralela, que se encuentran exiliados en Colombia, Chile, Estados Unidos y Panamá, solicitaron al parlamento venezolano que autorizara el enjuiciamiento de Maduro.

El legislativo avaló el juicio, aunque todas sus decisiones son consideradas «nulas» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en ejercicio, que es señalado de servir a Maduro.

El TSJ declaró al Legislativo en desacato desde que en 2016 la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumiera 112 de los 167 curules, invalidando todas sus resoluciones.

Los magistrados ahora en exilio fueron nombrados por la oposición para corregir supuestas irregularidades en la designación de los jueces que ocupan esos cargos en el TSJ.