Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la representante de Venezuela Sara Lambertini, afirmó que «sin el dinero de Estados Unidos la violencia se acaba en Nicaragua»
Esta reunión celebrada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, surgieron las declaraciones de la segunda secretaria de la misión de Venezuela ante la OEA, en la que además hizo mención a una audiencia celebrada el día viernes en la Cámara de Representantes de EE.UU. a la que acudió el embajador estadounidense ante la organización, Carlos Trujillo, y donde, aseguró la representante, se pudo entender «el verdadero plan» para Nicaragua.
Debido a esto la funcionaria indicó que, durante esa audiencia, Trujillo señaló al Gobierno de Nicaragua como culpable de la crisis, dictó medidas coercitivas contra el Ejecutivo y dijo que la solución era cambiar de gabinete, algo «en contra de la Constitución».
Por lo que a juicio de la representante venezolana, esto demuestra «el financiamiento exterior de la desestabilización de Nicaragua».
Ya que es de recordar que desde abril, Nicaragua es escenario de protestas contra el Gobierno del presidente, Daniel Ortega, cuya represión ha causado 351 muertos desde el 18 de abril pasado, según datos de los organismos humanitarios.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
Para Donald Trump, Ortega y su familia ‘tienen que quitarse del camino’
Y es que el gobierno del presidente Donald Trump pidió un cambio de liderazgo en Nicaragua, acusando al gobierno del presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas, de no cooperar con investigadores internacionales de derechos humanos y de ordenar a las fuerzas de seguridad reprimir violentamente las protestas.
En este sentido el embajador estadounidense Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, declaró el jueves a una subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara que se ha impedido a los manifestantes recibir tratamiento por sus lesiones y que se informa que los hospitales del gobierno exigen a los familiares firmar certificados que falsifican la causa de muerte como condición para entregarles los cadáveres.
Kozak y otros funcionarios del gobierno expresaron al Congreso que la única forma de abordar la crisis en Nicaragua es con nuevas elecciones que permitan al pueblo escoger nuevos líderes.
Es por esto que el gobierno del presidente Donald Trump ya ha sancionado a tres funcionarios nicaragüenses —entre ellos un familiar de Ortega— por supuestos abusos a los derechos humanos, corrupción y ordenar ataques represivos.
El Departamento de Estado también estudia bloquear los viajes de altos funcionarios tras emitir restricciones sobre varios líderes del gobierno el mes pasado.
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