Notipascua.-El Gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército el Pueblo (Farc-EP) avanzaron este miércoles en la etapa final para afianzar la paz en la nación neogranadina, sumergida durante más de 50 años ha un conflicto armado.
Ambas partes firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo conjunto de Justicia Transicional, documento que representa uno de los últimos pasos para lograr el cese bilateral al fuego y consolidar la paz en territorio neogranadino. El texto fue firmado por los representantes de ambas partes — encabezado por Humberto de la Calle por Colombia, y el comandante Iván Márquez, por las Farc-EP—; los garantes de Cuba, Rodolfo Benitez, de Noruega, Dag Nylander, y los acompañantes de Venezuela y Chile, Roy Chaderton y Milenko Skoknic respectivamente.
Dicho documento contempla la creación de una jurisdicción especial para construir un proceso de paz estable y permanente, que garantice los derechos de las víctimas y contribuya a su reparación. Esta jurisdicción contará con una sala de justicia y un tribunal, que trabajarán de forma conjunta con la Comisión de la Verdad, acordada en junio de este año, con el fin de investigar, juzgar y sentenciar a los implicados en delitos cometidos durante el conflicto armado.
“La función esencial de las salas y del tribunal para la paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir en la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”, expresó Rodolfo Benitez, representante de la delegación cubana, quien hizo lectura del documento final.
Los puntos siguientes del acuerdo expresan la creación de una ley de amnistía, que dentro de los acuerdos establecidos en el derecho internacional humanitario, obligará al Estado colombiano a otorgar el mayor indulto posible a quienes hayan cometido delitos políticos, pero no para aquellos que hayan cometido conductas y crímenes que se correspondan con delitos de lesa humanidad.
El procedimiento que la jurisdicción aplicará para aquellos que no reconozcan su participación en delitos de lesa humanidad o que los reconozcan de forma tardía, será el enfrentar un juicio que tendrá como tarea principal “satisfacer el derecho de las víctimas, y consolidar la paz”, y que podría fijar sentencias de hasta 5, 8 y 20 años de prisión.
Fuente: AVN
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