La abogada aseveró que el Estado colombiano no ha aplicado «políticas serias que realmente miren la problemática de fondo» en el país.
La secretaria ejecutiva del Comité Permanente por la Defensa de los derechos humanos (DD.HH.), Erika Gómez Ardila, afirmó este lunes que el Gobierno de Colombia no ha implementado una política «lo suficientemente contundente» para enfrentar la ola de violencia contra líderes sociales.
«No hay una política que sea lo suficientemente contundente, pero que además sea lo suficientemente idónea para frenar este incremento de homicidios que se ha venido presentando en el país», aseveró en el programa Paz por Lozano, transmitido por teleSUR.
La abogada penalista reiteró que los asesinatos registrados tras la firma delAcuerdo de Paz en La Habana (Cuba) corresponden a una sistematicidad, pues desde 2016 hasta la fecha han ocurrido un poco más de 300 homicidios contra dirigentes sociales y defensores de DD.HH.
«La Fiscalía tuvo que admitir que hay sistematicidad y que sí se puede hablar de un plan, ya de carácter regional. El desconocer esta sistematicidad es lo que hace que no se tenga una política clara en cuanto a las alternativas eficaces», insistió. Gómez destacó que «la situación actual es delicada, grave y muy preocupante», ante las agresiones y homicidios selectivos suscitados desde febrero de 2016 en la nación suramericana, con 132 asesinatos y 389 amenazas. En 2017, hubo un incremento de 153 casos verificados.
La defensora de DD.HH. manifestó que hay una regionalización de la violencia por diversos factores, entre ellos, atentados contra los líderes que reclaman sus tierras, denuncian la minería o rechazan los agrocombustibles, así como la presunta presencia de carteles mexicanos en varios departamentos del país.
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