53 países alzaron la voz ante los abusos y violaciones de los derechos fundamentales cometidos en Venezuela, así lo manifestaron en una discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al oponerse el país bolivariano a su debate
Todos los de la Unión Europea más 12 países americanos firmaron la declaración que denuncia la grave situación humanitaria que vive Venezuela y las profundas violaciones registradas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Los países que firmaron el documento son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú; más los 28 países miembros de la Unión Europea; 8 europeos no comunitarios; y 5 asiáticos u oceánicos.
La declaración expone que “estamos muy preocupados por lo expuesto en el informe de la Oficina del Alto Comisionado que detalla asesinatos extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión del equilibrio de poderes”.
“También estamos muy preocupados por el grave impacto de la crisis económica y social en los derechos a la alimentación y a la salud. El informe destaca un rápido incremento de la desnutrición, especialmente entre los niños”, añade.
El representante de Perú se encargó de leer el texto que fue dos veces interrumpido por su homólogo venezolano, quien pidió que la lectura fuera suspendida argumentando aspectos burocráticos de la pertinencia de sacar a relucir un país en un orden del día que no correspondía.
Países que se opusieron
Ante la clara incomodidad y posición de Venezuela intervinieron Cuba, Bolivia y Egipto quienes lo apoyaron y además denunciaron tanto aspectos de procedimiento como la politización del Consejo.
Precisamente la declaración pide a Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria y a cooperar con los mecanismos de la Oficina del Alto Comisionado. Dicha posición fue apoyada públicamente por Reino Unido y México quien recordaron “la grave situación de violaciones a los derechos humanos” en Venezuela.
Mientras que el presidente del Consejo, el esloveno Vojislav Suc, fue el encargado de dirimir en la cuestión y dio la razón a Perú argumentando que el tema diez permitía la posibilidad de hacer referencia a países específicos si se creía que en ellos se cometían abusos.
El representante peruano prosiguió pero fue de nuevo interrumpido por el diplomático venezolano quien esta vez denunció que se citara en la alocución al informe del Alto Comisionado, que definió como “ilegal, arbitrario, sin mandato y sin fundamento”.
Ante los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió una implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI).
En su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, el Alto Comisionado denunció cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.
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