De acuerdo a información aportada por uno de los abogados defensores el local fue acordonado policialmente por funcionarios del Iapatmi por órdenes del síndico municipal
01 de noviembre del 2016.-
Carlos Sotillo.-
Valle de La Pascua||Guárico||Notipascua.- En horas de la mañana del jueves funcionarios pertenecientes a la Policía Municipal de Infante (Iapatmi) efectuaron una medida de acordonamiento a una carnicería ubicada en la avenida Rómulo Gallegos cruce con calle Shettino, en la ciudad de Valle de La Pascua del estado Guárico, mediante una orden emanada por el síndico procurador, motivado a un cierre forzado ante la presunta falta de un documento de habitabilidad.
De acuerdo a información aportada por el abogado Héctor Rodríguez, “esta medida evidencia un atropello por parte del síndico municipal, quien es funcionario de la alcaldía local, quien incurriendo en el delito de abuso de poder, impide el derecho de la actividad comercial y sobre todo viola la Constitución de la República, al impedir a la ciudadanía el acceso a los alimentos de primera necesidad como son la carne y el pollo”, dijo.
Resaltó Rodríguez «en esta acción se está violando transgresivamente el decreto presidencial que establece que las personas deben obtener los alimentos de primera necesidad, contribuyendo así a la lucha contra la guerra económica, así como una violación al debido proceso y la defensa de las personas afectadas que no han sido escuchados; simplemente por un requisito de forma, que es el de habitabilidad,» dijo.
Señaló el jurista, que el regente de esta carnicería ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la alcaldía, pero al acudir al Cuerpo de Bomberos a formalizar dicho trámite, no le fue emitida la documentación a favor de estas personas, «el síndico municipal Rade Radulovikc ofició una orden a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de no tramitar ningún permiso a favor de esta carnicería, y al no tener este requisito le niegan la patente de industria y comercio, ordenando el cierre inmediato, impidiendo la venta de los productos a la ciudadanía, quedando en evidencia la mano de terceros que buscan desalojar a estos trabajadores que por generación tienen 75 años en dicho local”.
Para finalizar el abogado Héctor Rodríguez acotó que recientemente se hizo el pago de una reparación fiscal a la alcaldía, por cuanto esta medida de aseguramiento policial es improcedente y violatoria de todas las normativas establecidas en la ley.
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